“El proceso que se está llevando sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas fue un plan de planificación familiar”, declaró la candidata presidencial Keiko Fujimori, al ser abordada por la prensa sobre un eventual indulto a Alberto Fujimori, luego de firmar un acuerdo con el PPC.

Su respuesta como candidata presidencial condiciona la actuación del Poder Judicial y desconoce los compromisos asumidos por el Perú ante la CIDH. El Perú se comprometió a investigar y sancionar a los responsables de la muerte de Mamérita Mestanza, una de las mujeres que perdieron la vida por las esterilizaciones forzadas.
 
Tras 20 años de investigación, el fiscal Pablo Espinoza denunció ante el juez Rafael Martínez a Alberto Fujimori y los exministros Marino Costa, Eduardo Yong y el electo congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga como los principales responsables.
 
 
La fiscalía ha llegado a la conclusión de que dicho programa estuvo destinado a reducir la pobreza, disminuyendo la natalidad de más de 300 mil mujeres campesinas, pobres, rurales y amazónicas con fines económicos y de ninguna manera por planificación familiar.
 
Esta denuncia está en evaluación, pero un eventual indulto dejará en el desamparo a las mujeres esterilizadas sin su consentimiento y a los deudos de las cinco que perdieron la vida. En total, se realizaron 300 mil ligaduras de trompas, en un esquema de cuotas y con incentivos económicos al personal médico.