Tres magistrados tendrán que determinar si existe o no responsabilidad en Walter Aduviri por la quema y saqueo de instituciones públicas y privadas en mayo de 2011.

El abril arrancará el nuevo juicio contra el gobernador regional Walter Aduviri por el “Aimarazo”, conflicto que estalló en Puno en rechazo a la actividad minera en 2011.

El proceso estará a cargo de un nuevo colegiado, integrado por los jueces Julio César Chucuya Zaga, Jackeline Reina Luza Cáceres y Shirlay Bazilka Flores Menendez. Los tres magistrados tendrán que determinar si existe o no responsabilidad en Aduviri por la quema y saqueo de instituciones públicas y privadas en mayo de 2011. Esa fecha el exdirigente encabezó las movilizaciones en representación de las comunidades aimaras que rechazan las concesiones mineras en el sur de Puno.

Hacer un nuevo juicio fue ordenado por la Corte Suprema de Lima. Esta instancia decidió declarar fundado el recurso de casación planteado por la defensa del exdirigente, por “vulneración de la garantía de motivación”.

En Puno, los jueces Roger Istaña Ponce, Víctor Calisaya y Yessica Condori Chata lo condenaron como autor mediato del delito de disturbios a siete años de cárcel, por los hechos de violencia registrados contra instituciones públicas y privadas. Este fallo lo confirmó la Sala Penal de Apelaciones. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que hubo vulneración de derechos y anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio.

Aduviri ya no podrá ser procesado como autor mediato. El Ministerio Público tendrá que replantear su acusación, según explicaron fuentes del Poder Judicial.

La autoridad regional señaló que no se correrá pero aseguró que se siente acosado judicialmente porque, pese a no existir pruebas en su contra, sigue siendo perseguido. Según él, por llevar la voz de las comunidades que rechazan todo tipo de explotación minera .

Martín Ticona, exabogado de Walter Aduviri y ahora alcalde de Puno, dijo que no hay pruebas que acrediten la responsabilidad de su patrocinado y que solo le encontraron responsabilidad dogmática.