1403087Regular la propaganda electoral sobre la base de principios para evitar la proliferación de denuncias sin sustento que dañan la imagen y el honor de las personas, y evitar candidatos con campañas millonarias, fueron propuestas en el debate sobre las modificaciones a la Ley de Partidos Políticos.

El legislador Jaime Delgado (DyD) dijo que la propaganda electoral como la publicidad debe regularse y que el Estado deberá supervisarla para evitar que algunos candidatos hagan propuestas irrealizables. Dijo que ello desnaturaliza el proceso electoral y atenta contra la transparencia y la democracia.

Rosa Mavila (FA-AP), por su parte, propuso consignar reglas claras en cuanto al dinero y el gasto de los partidos y candidatos. Recomendó además una buena estructura política para evitar ingresos irregulares porque el financiamiento privado debe estar debidamente sustentado.

En ese sentido, Mavila criticó a los candidatos que hacen campaña ofreciendo regalos y no con propuestas.

El legislador Lenidas Huayama (NGP) planteó que los partidos políticos y movimientos regionales que no presenten su estado financiero a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un plazo de un año, sean inhabilitados.

Los congresistas Mesías Guevara (AP-FA) y Omar Chehade (NGP) coincidieron a favor de la democracia interna de los partidos para evitar el caudillismo.

Manuel Merino (AP-FA) dijo que es obligación de los partidos tener un 80% de la presencia de bases en la capital y a nivel nacional. Consideró que debe mantenerse el porcentaje de un 5% para que un partido pueda mantener su presencia electoral, y su colega Yehude Simon (PP) pidió reducir de 2.5% a 1% de votos válidos por cada partido adicional en una alianza electoral.

El congresista Fernando Andrade (PP) insistió que en el caso de las alianzas electorales se baje a 1% en vez de 2.5%, también para los movimientos regionales. Señaló que los partidos políticos deben hacer alianzas con partidos políticos, al igual que los movimientos regionales con los mismos movimientos.

Mientras, Luciana León (CP) demandó desestimar la inscripción de los movimientos que atenten contra el Estado de Derecho y la democracia, a fin de evitar el ingreso  de organizaciones seudo democráticas. También dijo haber presentado un proyecto de ley para evitar la inscripción de organizaciones que propugnan la violencia  para llegar al poder.

Para el legislador fujimorista Octavio Salazar los partidos deben evitar la inscripción de agrupaciones vinculadas al terrorismo e indicó que no pueden lograr su inscripción organizaciones que promuevan la destrucción del Estado de Derecho.

Por su parte, Martín Belaunde (SN) pidió que se incorpore un proyecto suyo, el cual propone que no pueden ser candidatos aquellos que tengan sentencia firme de la justicia por terrorismo o tráfico de drogas o que hayan promovido atentados contra la vida, la libertad y el patrimonio. Aclaró, empero, que ello deberá aplicarse ante una sentencia firme y no a un procesado porque se afectaría el derecho constitucional de la persona.

Gustavo Rondón (SN) señaló que apoyará el proyecto de ley porque soluciona el problema de los partidos políticos y propuso que debería ser una sentencia firme la que impida la postulación de  los candidatos con problemas legales.

El parlamentario Héctor Becerril (FP) propuso incorporar a los movimientos regionales. “Se busca evitar que no duren el tiempo mediante alianzas, para que sean fuerzas políticas a nivel nacional”, explicó.

Tras el citado debate el presidente de la Comisión de Constitución, Fredy Otárola (NGP) solicitó un cuarto intermedio para que el proyecto se vote en la próxima sesión.

ANDINA