La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno y el Módulo Defensorial de Juliaca, en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de agosto, han atendido 1841 casos de la ciudadanía. Entre ellos, 559 son quejas, 362 pedidos de intervención y 920 consultas.

De las 110 municipalidades que tiene la región altiplánica, las comunas provinciales de Puno y Carabaya fueron las que acumularon mayor cantidad de quejas debido, entre otros temas, a la vulneración de los derechos laborales y acceso a la información pública, así como problemas de fiscalización de las actividades comerciales.

Durante este periodo, la institución advirtió a las autoridades educativas que muchos de las y los estudiantes del nivel inicial, primario, secundario y superior, no pudieron acceder por falta de equipos a las clases virtuales. Asimismo, se señaló que en muchas localidades no existe señal de radio ni de internet. De acuerdo a un informe reciente de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREPUNO) se estima que desertaron más de 20 000 estudiantes.

Uno de los casos relevantes de limitación al derecho a la educación se produjo en la comunidad de Kantati Ururi del distrito de Cojata, provincia de Huancané frontera con Bolivia donde los escolares no pudieron acceder a la cobertura radial a fin de tener acceso a la estrategia “Aprendo en Casa”. En ese sentido, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno exigió a la DREPUNO articular esfuerzos entre los sectores involucrados a fin de garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes.