sin-titulo-1-Noticia-761908Proceso. Magistrado considera que hay suficientes indicios de la comisión de lavado de activos de actos de corrupción.

Entre diciembre y enero, el juez Abel Concha se enfrascó en un áspero enfrentamiento con la fiscal Manuela Villar por el procedimiento a seguir en el caso Ecoteva, luego de que él le pidió exponer su denuncia  escrita en forma verbal.
Esta discusión retrasó la solución del caso varios meses. La fiscal se oponía a exponer su denuncia y que, además, el  juez escuche a la defensa, antes de decidir.
Concha se salió con la suya:  la fiscal expusó y escuchó a los abogados en varias audiencias, entre marzo y abril. Tal parece que la fiscal Villar eclipsó a los abogados defensores y convenció al temible Concha.
Así, en la resolución que la secretaria del 16° Juzgado Penal de Lima leyó ayer, entre la 1:10 y 5:35 de la tarde, el juez acogió sin quitar una coma todos los hechos y argumentos que la fiscal Villar presentó por escrito en julio de 2015. Al contrario, no acogió ningún argumento de los abogados defensores, como si en las audiencias estos no hubieran dicho nada.
Concha consideró que la fiscal había aportado un conjunto de elementos indiciarios que hacen presumir que el expresidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, su amigo Josef Maiman, su exasesor de seguridad Avi Dan On y el hermano de este, Sha Dan On, estarían incursos en el delito de lavado de activos.
Por este motivo, dijo, dispuso el inicio de la instrucción o investigación en sede judicial de los denunciados: Toledo, Karp, Maiman y los hermanos Dan On en calidad de coautores. Además, al abogado David Ezkenazi como cómplice.
En lo único que discrepó el juez fue en reservar la situación jurídica de Eva Fernenbug, en virtud de un hábeas corpus emitido por el 47° Juzgado Penal de Lima. La fiscalía y los abogados defensores se opusieron a esa decisión y presentaron un recurso de nulidad, pero el juez manifestó que no procedía ninguna apelación.

El lavado

De acuerdo con la denuncia fiscal –explicó el juez– todo comenzó el año 2002, cuando Toledo y  Maiman crean en Panamá la empresa Confiado Internacional, que luego les habría servido para transferir fondos de procedencia ilícita desde Suiza.
Después que Toledo dejó el gobierno, parte de esos fondos fueron trasferidos a las cuentas de Ecoteva y Ecostate, constituidas en Costa Rica. En un tercer acto, fingiendo un préstamo bancario, utilizaron el dinero para la compra del inmueble de Casuarinas, las oficinas de la Torre Omega y pagar las hipotecas de la casa de Toledo y Karp.
La procedencia del dinero: casi todos los actos de corrupción que se habrían cometido en el gobierno del líder de Perú Posible: las andanzas de César Almeyda,  de los hermanos Toledo hasta las recientes denuncias del caso Lava Jato.
El juez no tomó ninguna medida restrictiva de libertad a los ahora procesados. La audiencia continuará el  27 de abril, para precisar los actos de investigación.

Sin pruebas

“El juez actuó como mesa de partes de la fiscal. Nos llamó a audiencia y no toma nada de lo que dijimos, esa resolución no tiene ningún fundamento y no hay prueba alguna, declaró Luciano López, el abogado de Toledo.