Keiko Fujimori dijo que los aportes a su campaña eran bancarizados. Pero testimonios de empresarios la contradicen.

Hasta el momento, si se cuentan los aportes declarados a favor de Fuerza 2011, se tiene que esta agrupación política −que postuló a Keiko Fujimori a las elecciones presidenciales del 2011− recibió un aproximado de siete millones de dólares.

Como se sabe, el presidente de CredicorpDionisio Romero, expresó el último lunes a la Fiscalía que solventó a Fuerza 2011 con US$ 3 millones 650 mil en efectivo. Mientras tanto, Jorge Barata confesó el 2018 a los fiscales peruanos que la constructora brasileña Odebrecht aportó US$ 1,2 millones a la campaña de Fujimori (y que, de ese total, US$ 200 mil fueron entregados a Fuerza 2011 a través de Ricardo Briceño, entonces presidente de la Confiep).

Asimismo, se sabe que la Confiep hizo una “bolsa” de unos US$ 2 millones para oponerse a la candidatura de Ollanta Humala, rival de Fujimori, a través de una disimulada campaña que llamaron en defensa de la empresa privada. Esto según la propia declaración que brindó el extitular de dicho gremio Roque Benavides.

“Nosotros consideramos que debíamos hacer una campaña que nos costó por encima de los US$ 2 millones y con aportes −que no los tenía, por supuesto, la Confiep− de distintos gremios que son socios y de otras empresas. En ese sentido, una de las veintitantas empresas que contribuyeron a ese fondo fue Odebrecht”, declaró Benavides para RPP, en el mes de marzo del año pasado.

Sumados los tres millonarios montos se llega a los US$ 6.850.000. Unos 23 millones de soles. Sin embargo, las cifras no cuadran con lo reportado por Fuerza 2011 para su campaña electoral ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sumas y restas

Para empezar, en el informe técnico 043, de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) de la ONPE, no figura el nombre de ninguno de los empresarios que han declarado ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a la agrupación fujimorista por presunto lavado de activos.

Eso por un lado. Por el otro, y de acuerdo al GSFP de la ONPE, el financiamiento a la campaña de Fujimori ascendió a S/ 17.450.752.

“El partido político Fuerza 2011 declaró haber recibido aportaciones/ingresos de campaña electoral elecciones generales 2011, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre 2010 y el cierre de campaña electoral, en el mes junio del 2011, por la suma de S/17.450.753.93, provenientes de los siguientes conceptos: aportaciones individuales en efectivo y en especie, S/14.804.650; ingresos por actividades de financiamiento proselitista, S/ 2.610.929; otros ingresos de campaña electoral S/ 35.173”, se lee en el documento que se aloja en la página web institucional de la entidad electoral.

“Las sumas anteriores constituyen la totalidad de ingresos percibidos por el partido político Fuerza 2011, considerados como recursos disponibles para la campaña electoral. En ese sentido, la tesorera del partido indicó que los ingresos mencionados son los únicos recursos destinados a la campaña electoral, y que no han existido otros ingresos/aportaciones para tal fin”, añade el informe técnico.

Lo anterior significa que, a grandes rasgos y cuando todavía faltan dos testimonios adicionales de empresarios ante el fiscal Pérez, hay una diferencia de unos seis millones de soles entre lo que Fuerza 2011 recibió para su campaña y lo que informó ante la GSFP de la ONPE.

Se trata de seis millones de soles por los que alguien tendrá que responder lo siguiente: ¿en dónde es que se encuentra todo ese dinero?

“La SUNAT debe dar una respuesta a los peruanos”

Para el tributarista José Verona Baluarte, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ayudaría a esclarecer el panorama del dinero para Fuerza 2011.

“Sería muy importante que la SUNAT dé una respuesta a los peruanos sobre si ha fiscalizado a todos los que han entregado dinero”, explicó.

“Se dice que las acciones de fiscalización están prescritas, pero eso no es tan cierto. Si las dádivas fueron hechas en el 2011, es cierto que debieron prescribir en enero del 2019. Sin embargo, si la SUNAT ha hecho alguna fiscalización en estos años, la prescripción se interrumpió. Igual se debe fiscalizar para conocer cuál es el argumento de la defensa y determinar si existe o no un incremento patrimonial no justificado”, sostuvo Verona.