El delegado de Consejo Regional de Puno (CRP), Leoncio Mamani Coaquira, firmó y dispuso la publicación del Acuerdo Regional N. 066-2017-GR-CRP, en la que declara textualmente la improcedencia de la suspensión del fiscalizador de la provincia de San Antonio de Putina, Merce Angel Quispe Masco, contra quien pesa una sentencia condenatoria de segunda instancia.

Entre los argumentos figuran que solo 7 consejeros votaron para suspenderlo, cero los que rechazaron y 7 también se abstuvieron, por lo que no se ha alcanzado la mayoría del número legal de los miembros del Consejo Regional de Puno, que exige el artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales N. 27867.

Conforme a dicho documento, el acuerdo se aprobó en la sesión extraordinaria llevada a cabo el 25 de mayo pasado, desde las 17:00 horas; en razón de ello, el delegado de CRP firmó y ordenó que la Oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Puno, publique ello en la página web institucional.

Sin embargo, los consejeros de minoría presentaron una queja ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en contra del delegado del CRP, Leoncio Mamani Coaquira, y también contra los fiscalizadores Leonidas Cano Calla, Héctor Mochica Mamani, Zaida Ortiz Vilca, Roger Apana Quispe, Uriel Salazar Herrera, Elisban Cacina Gonzales y Hernán Vilca Soncco.

Cabe recordar que fueron los consejeros del Proyecto de Integración para la Cooperación (PICO) con apoyo de 2 “tránsfugas”, quienes se abstuvieron, de modo que el fiscalizador de la provincia de San Antonio de Putina no sea suspendido, a pesar de tener una sentencia condenatoria en segunda instancia, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de San Román.