000012526MTras la suspensión del paro, hoy se instala un comité técnico para abordar de manera integral la problemática del complejo metalúrgico de La Oroya (Junín) y de la unidad minera Cobriza (Huancavelica), informó la titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Rosa María Ortiz.

En conferencia de prensa con los representantes de los trabajadores, luego de la mesa de diálogo desarrollada en la mañana, la ministra señaló que todos quieren que se solucione la paralización de la planta. “Invoco a toda la población; estamos todos en la misma línea, queremos lograr todos el mismo resultado; por tanto, nos vamos a sentar a partir de mañana [hoy] para lograr este resultado. Les pido que atiendan a sus representantes, escuchen, y logremos el levantamiento de esta medida de fuerza.”

Arbitraje internacional

Explicó que las partes expresan su voluntad de agotar todas las vías legales a fin de no llegar a una liquidación simple. A solicitud de los trabajadores, el MEM continuará coordinando con la Sunat para la pronta solución del problema de las ferritas y su impedimento de comercialización.

Por su parte, el dirigente de los trabajadores metalúrgicos Luis Castillo afirmó: “Lo que queremos es que se respete el derecho de los trabajadores, no hubiéramos querido llegar a esta situación [de violencia].”

En la noche, Castillo se reunió en La Oroya con los trabajadores mineros para informarles de los acuerdos con el Gobierno y acordaron suspender su protesta durante ocho días. Pasada la medianoche se registró el desbloqueo de la carretera Central.

También informó que los trabajadores dejaron sin efecto su medida de fuerza y un grupo retomó sus labores en la mina.

Más temprano, el titular del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, aseguró que los estándares ambientales que se piden a los postores del complejo metalúrgico de La Oroya son absolutamente razonables y no pueden ser flexibilizados porque forman parte de un arbitraje internacional y corresponde al Estado proteger la salud de las personas.

Sostuvo que este estándar se aplica desde 2001 y es el mismo que se ha exigido a la empresa operadora de la metalúrgica para su adecuación ambiental.

“Es un estándar absolutamente razonable. El [estándar] de 2001 no se puede mover por el tema del arbitraje y porque al Estado le corresponde proteger la salud de las personas.”

Decisión definitiva

Precisó que el estándar de calidad del aire (ECA), fijado en ese período, es de 80 microgramos por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales, conforme con el instrumento de gestión ambiental correctivo (IGAC) y no de 20 por día como se había rumoreado.

Indicó, además, que este requerimiento está comprendido en la demanda de arbitraje ante la CIADI planteada por el Grupo Renco, propietario de la metalúrgica mediante Doe Run Perú, por el cierre de operaciones debido a la adecuación ambiental, entre otros.

“Si le damos a un operador mayor flexibilidad del que se exigió a Renco, el Perú perdería el arbitraje al que está sometido el Estado peruano por 500 millones de dólares.”

Los estándares ambientales para La Oroya habrían influido para que no se presentaran postores a la venta del complejo metalúrgico, lo que motivó protestas de los trabajadores que piden la flexibilización de las condiciones ambientales y la reapertura de la planta.

“No lo aceptan por dos motivos. Uno de ellos es porque La Oroya emite 732 microgramos por metro cúbico en promedio anual, eso significa que hay momentos en que una chimenea emite cerca de 1,000.”

Para Pulgar-Vidal, ese nivel de emisión es producto de la obsolescencia de la maquinaria y de una privatización fallida, e incluso “corrupta”, de los años 90.

El ministro anunció que el 24 de agosto el Gobierno tomará una decisión definitiva sobre la planta, después de una reunión con los acreedores para decidir si se respetarán los estándares establecidos o es puesta en venta.

Orden público

Entretanto, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, informó que la Policía Nacional se mantiene al mando de las acciones de control del orden público en La Oroya e informó que 1,000 efectivos fueron enviados a la zona.

Explicó que la resolución que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía en la provincia de Yauli, región Junín, tiene fines preventivos y se aplicará solo en caso de que sea necesario desplegar mayores acciones a fin de garantizar el orden interno.

Asimismo, Pérez Guadalupe aseguró que la Policía dará todas las facilidades a la Fiscalía para que realice las investigaciones respecto a la muerte de una persona por arma de fuego, producto de un enfrentamiento entre manifestantes que bloqueaban la carretera Central y policías que cumplían con su labor de despejarla.

Llamado de la Iglesia

Un llamado para que prime la paz en La Oroya formuló el titular de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Salvador Piñeiro, al resaltar que toda necesidad o reclamo se debe canalizar siempre mediante el diálogo.

“La violencia solo engendra violencia y más destrucción, que primen siempre las mesas de concertación, que se dialogue, que busquemos la comprensión entre todos los peruanos y peruanas.” Recordó que el problema en La Oroya, en relación con la empresa minera Doe Run, data de la década de 1990 y requiere de solución. “Que se vea no solo la cuestión ambiental, sino también de las personas, y que impere la paz que necesitamos todos.”

En tanto, la Defensoría del Pueblo condenó los actos de violencia y respaldó el proceso de diálogo iniciado entre el Gobierno y los trabajadores de Doe Run.

En un pronunciamiento dice esperar “que cualquier solución a la que se arribe tenga en cuenta, de modo prioritario, el derecho a la salud de las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, así como el futuro laboral de los trabajadores”.

 Consecuencias

El alcalde de Yauli, Carlos Arredondo, saludó la disposición del MEM de encontrar una solución a los problemas del complejo metalúrgico e instó a la población a no recurrir a los actos de violencia y dar una oportunidad al diálogo.

Personal del Ministerio de Salud (Minsa), perteneciente al Hospital Domingo Olavegoya de Jauja, brinda asistencia médica a las personas que se encuentran varadas en el kilómetro 180 de la carretera Central.

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), Óscar Benavides, señaló que el bloqueo de la carretera Central perjudicó el turismo y el comercio de las provincias del centro del país. Lamentó la muerte de un ciudadano como consecuencia de las protestas.