000015621MEl ministro de Justicia, Aldo Vásquez, presidió la última sesión del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), correspondiente al año 2015, la cual abordó una serie de temas en materia de seguridad ciudadana.

Durante la cita se aprobaron los protocolos institucionales sobre la ‘Aplicación de la vigilancia electrónica personal’, ‘Dotar de eficacia a los procesos penales ordinarios y sumarios’ y el ‘Proceso inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos’.

De igual forma, la ‘Atención especializada de adolescentes en conflicto con la ley penal en etapa preliminar’ y el ‘Protocolo interinstitucional de interdicciones a actividades de minería ilegal’.

Política penitenciaria

En materia penitenciaria, se hizo una proyección de la capacidad de albergue 2015-2035 y se planteó la necesidad de una política multisectorial.

Se determinó, en ese sentido, que en un plazo de 60 días se presentarán los avances de una política penitenciaria integral.

Los asistentes recibieron un reporte sobre la tasa de homicidios ocurridos en 2014 y las actividades promovidas por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) para el próximo año. Asimismo, se brindó un informe del Observatorio Nacional de la Criminalidad, relacionado con los temas que desarrollarán durante 2016.

La reunión, realizada en el Ministerio de Justicia, contó con la participación de las máximas autoridades y representantes del Poder Judicial, Congreso de la República, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Consejo Nacional Penitenciario.

Asimismo, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Municipalidad de Lima, Asociación de Municipalidades del Perú, Policía Nacional del Perú y Consejo Nacional de Política Criminal, entre otras instituciones.

El Conapoc está encargado de analizar el fenómeno social del delito y de aprobar las medidas para combatirlo, contribuyendo a reducir los índices de la delincuencia. También centra su labor en el sistema penitenciario, realizando acciones destinadas a mejorar la situación carcelaria de las personas privadas de libertad con el objeto de lograr su reinserción social.

Procuraduría

La Procuraduría Anticorrupción considera que el caso narcoindultos no está cerrado a pesar de la sentencia contra el principal acusado, el abogado aprista Miguel Facundo Chinguel, afirmó su titular, Joel Segura.

Sostuvo que la Procuraduría apelará los 21 casos de presuntos indultos y conmutaciones de pena en los que el tribunal judicial no halló evidencias de actos de corrupción.

Segura expresó su discrepancia con la decisión de la sala penal y manifestó que si se hubiera aplicado la misma lógica usada en los dos casos en los cuales sí se halló indicios de corrupción, Facundo Chinguel y los demás acusados no hubieran sido absueltos de esas 21 acusaciones.

consideró difícil creer que no hubiera indicios de actos de corrupción en los casos en los cuales Facundo fue absuelto.

Consejo determinó que en un plazo de 60 días se presentarán los avances de una política penitenciaria integral.