Venta de Olmos. El Ejecutivo quiere que Odebrecht salga del país y para eso debe vender sus activos y asegurar pago de la reparación civil. Eso fue el detonante del cisma en la Procuraduría.

El caso Olmos colmó la paciencia del Ejecutivo y puso en evidencia el desencuentro entre la Procuraduría ad hoc y el Gobierno en la lucha contra la corrupción. Para entender esto, se debe tener en cuenta que el presidente Pedro Pablo Kuczynski quiere sanear la economía y estima que, para ello, es necesario que Odebrecht salga del país.

Eso supone tener que vender sus activos y, antes, pagar la reparación civil por los delitos cometidos en nuestro país. Con ese objetivo, el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia Nº 003-2017.

Esta norma crea un fideicomiso a donde deben ir a parar lo que Odebrecht obtenga de la venta de sus propiedades, para pagar la reparación civil, sin romper la cadena de pagos ni afectar los puestos de trabajo.

El mencionado decreto encargó al Ministerio de Justicia, a través de la procuradora Katherine Ampuero, establecer ese monto, para que al momento de la compra-venta de los activos, el comprador sepa cuánto debía depositar en el fideicomiso y supiera que no habría más reclamos.

Allí surgió el desacuerdo. Tal parece que Ampuero dejó de lado la cadena de pagos, la situación de los proveedores y los avales que el Estado otorga en las grandes obras. La Procuraduría señaló que lo mportante era la lucha contra la corrupción. En ese aspecto, el costo económico colateral quedó al margen.

Por eso, la procuradora no quiso negociar con Odebrecht. Luego, cuando se sentó a hacerlo, no supo sustentar cómo debía calcular ese monto y la forma de pago.

Con Brasil, Estados Unidos y Suiza, Odebrecht se ha comprometido a pagar US$ 2.600 millones, en un plazo de 20 años. El monto saldrá de las utilidades que obtenga de los trabajos futuros que desarrolle.

La Procuraduría supone que los activos de Odebrecht en el Perú valen unos 2.000 millones de dólares y que, sobre eso, debe pagar un porcentaje.

En EEUU, la reparación civil no se estableció a partir del valor de la empresa, sino del monto de las coimas pagadas y su capacidad de seguir trabajando, en relación del dos por uno.

Siguiendo ese modelo, en República Dominicana, Odebrecht pagará en ocho años una reparación de US$ 184 millones, el doble de las coimas pagadas.

Pagar el doble de las coimas es lo que los representantes de Odebrecht en el Perú habrían ofrecido a la Procuraduría. A Ampuero esa cifra le pareció ínfima. Además, consideró que la empresa no estaba contándolo todo.

La Procuraduría habría propuesto que sea 10 o 20 veces el monto de las coimas. Odebrecht Perú consideró que esa cifra era demasiado y que no podía pagar sin afectar la cadena de pagos.

Allí se trabaron las conversaciones. Hace un mes, la constructora brasileña volvió a ofrecer el doble por los casos conocidos hasta ahora y mantener un fondo para casos que se pudieran conocer después.

Los brasileños ofrecen unos 200 millones de soles o 70 millones de dólares de reparación civil. La Procuraduría plantea 10 veces más.

Al despedirse de la Procuraduría, Ampuero dijo que Odebrecht debía pagar 2.000 millones de soles, unos 600 millones de dólares.

A falta de acuerdo, Odebrecht no vendía nada, continuaba en el país y se rompía la cadena de pagos, lo cual afecta a proveedores y a 19 mil trabajadores, según la ministra Marisol Pérez Tello.

Además, la empresa podía entrar en situación de insolvencia y ejecutar los avales que el Estado peruano otorgó por la viabilidad de las grandes obras. Para empeorar las cosas, el 7 de julio último, Ampuero logró que el juez Richard Concepción Carhuancho interrumpiera la venta del proyecto Olmos a las empresas Brookfield Infrastructure y Suez.

El fideicomiso seguía en cero, la economía permanece estancada y sin empresa activa no hay reparación civil. El Estado pierde. Odebrecht aún puede ganar el seguro.

La procuradora no quiso negociar con Odebrecht. Luego, cuando se sentó a hacerlo, no supo sustentar cómo debía calcular la reparación civil y forma de pago.

Ex procurador Ugaz considera acertado el retiro de Ampuero

  • El presidente de Transparencia Internacional y ex procurador José Ugaz opinó que el retiro de confianza a Katherine Ampuero es acertado. “El Estado no puede darse el lujo, en una situación tan aguda como es el caso Lava Jato, de contar con funcionarios que no están a la altura de la responsabilidad”, dijo en RPP.
  • Señaló que Ampuero cayó en contradicciones, como decir que no fijaría montos de reparación, y después “debatirse entre la inacción y medidas de poca efectividad”.
  • “Si a eso le sumamos la nula capacidad de interactuar con el Ministerio Público, que en una situación como esta y como experiencia del pasado, debió ser una relación fluida, es una medida correcta”, agregó.
  • Lamentó la salida de Julia Príncipe. “Se supone que fue elegida para que ponga orden en la Procuraduría (…), pero también resulta cuestionable que aparezca respaldando a una funcionaria que no ha dado la talla”, comentó.