No hubo extorsión, se justificó el entorpecimiento de servicios públicos; la condena fue por el delito de disturbios.
Un debate jurídico y político es lo que está dejando el adelanto de la sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Puno, que ha determinado condenar a siete años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva a Walter Aduviri Calisaya, por el delito de disturbios, a la vez de absolver al resto de los procesados aimaras de los delitos de extorsión y disturbios.

El magistrado Roger Istaña Ponce señaló que el colegiado conformado por los jueces Víctor Calizaya y Yéssica Condori Chata, ha considerado el pluralismo jurídico y el derecho de los pueblos originarios para determinar la sentencia; en ese sentido, no encontró ninguna responsabilidad penal por el delito de extorsión.

NO HUBO EXTORSIÓN
“Respecto del delito de extorsión agravada, por unanimidad el juzgado ha determinado una sentencia absolutoria”, dijo el magistrado Istaña, al explicar que los procesados solo pretendían que se derogue la concesión minera en la zona de frontera con Bolivia, porque el Estado no respetó el convenio 169 y la consulta previa.

“El propio Estado ha reconocido y ha derogado el decreto, no exigían ninguna ventaja indebida, por lo tanto no se configura el delito de extorsión”, determinaron los magistrados, absolviendo a los 10 procesados: Walter Aduviri Calisaya, Patricio Illacutipa Illacutipa, Gilver Chura Yupanqui, Javier Pari Sarmiento, Rufino Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancara, Eddy Uriarte Chambilla, Severo Efraín Iturry Gandarillas, Gregorio Ururi Fernández, y Félix Illacutipa Mamani.

JUSTIFICA ENTORPECIMIENTO
Respecto al delito alternativo que postuló la Fiscalía, que trata del entorpecimiento de servicios públicos, el juzgado ponderó los derechos y consideró que se justifica el hecho de tomar las carreteras para protestar, exigiendo el respeto a otros derechos, como a la vida, a la tierra y territorio, así como a la autodeterminación de los pueblos originarios y al medio ambiente equilibrado.

DISTURBIOS
Fue el delito contra la tranquilidad pública, en su modalidad de delito contra la paz pública, en su forma de disturbios previstos, el cual es sancionado en el artículo 315 del Código Penal, por el que condenaron a Walter Aduviri Calisaya, con el argumento de que incurrió en autoría mediata, al tener dominio de voluntad.

Sin embargo, se absolvió de este delito a los procesados Patricio Illacutipa Illacutipa, Gilver Chura Yupanqui, Javier Pari Sarmiento, Rufino Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancara, Eddy Uriarte Chambilla, Severo Efraín Iturry Gandarillas, Gregorio Ururi Fernández y Félix Illacutipa Mamani. “Si bien eran dirigentes, no tenían dominio de voluntad”, señaló el magistrado Istaña Ponce, aclarando que la magistrada Yessica Condori discrepó con esa decisión.

Además, el juzgado determinó que Aduviri Calisaya debe pagar una reparación civil de dos millones de soles, por los daños y perjuicios que ocurrieron el 26 de mayo del 2011, día en el que hubo un desborde popular con resultados ya conocidos.

Fiscal Juan Monzón siente que le dieron la razón

“El Ministerio Público está actuando con objetividad, no se trata de perseguir a la persona; ocurrió un suceso el 26 de mayo del 2011, y tiene que responder alguien, y ese es el propósito. El rol del Ministerio Público es defender a la sociedad, esto tiene que entenderse; vamos a pronunciarnos con más amplitud el 18 de julio, para entender el argumento, porque hoy de grosso modo estamos tomando la decisión que corresponde, cuando el Ministerio postula sobre los ilícitos penales, se hace el balance de qué ilícito penal tiene incidencia y mayor fuerza que pueda dar, por eso lo hemos postulado de ese modo y hoy día (ayer) nos han dado la razón”